Encontrado en la celda

Una reflexión antipática sobre la muerte de Videla

por Quintín

No pienso igual que Roberto Gargarella sobre los juicios a los culpables del terrorismo de Estado en los setenta. No creo que deba haber delitos imprescriptibles (y menos a posteriori), pienso (como lo hizo la corte suprema uruguaya) que un perdón legítimamente otorgado no puede ser reversible y por lo tanto mi posición es que los asesinos como Videla y sus cómplices deberían estar libres dadas las circunstancias (amnistía, indultos, tiempo transcurrido, edad, cosa juzgada, retroactividad de las condenas entre otros motivos). De todos modos, creo que la nota que Gargarella publica hoy en La Nación a raíz de la muerte del ex dictador es valiente, atinada y se ocupa de algunas cosas de las que no se suele hablar.

Aunque nunca está de más hacerlo, no es Gargarella el único en señalar que la persecución judicial de los viejos crímenes sirve para ocultar las violaciones actuales a los derechos humanos y que el kirchnerismo ha estimulado la confusión entre ambos planos para ocultar sus propios incumplimientos en la materia. Basta leer esta excelente nota del blogger que firma como Relato del Presente para ver que la máscara de los DD.HH. que porta el oficialismo es una burla qeu tiene acentos siniestros. Pero el artículo de Gargarella va más allá y me interesa subrayar aquí un pasaje:

Es preocupante que, en el camino de las necesarias condenas, muchos hayan aceptado resignar garantías elementales en torno a derechos del procesado y niveles exigidos de prueba. Es preocupante, además, que los valiosísimos juicios, por los modos en que fueron diseñados, hayan trabajado en contra de la obtención de información imprescindible, capaz de permitirnos saber quién hizo qué, o dónde quedaron los cuerpos de los que fueron muertos.

Es preocupante que la necesaria batalla contra la impunidad haya contribuido a instalar la idea que asocia la condena pública con la privación de la libertad, y la Justicia plena con la condena a perpetua.

Es preocupante que los juicios hayan sufrido la apropiación política que sufrieron, cuando habían llegado a ser motivo de orgullo y emoción compartida.

El tercer párrafo es bastante obvio: el uso kirchnerista de los juicios lo ha convertido en un asunto de minorías, que solo siguen los militantes K y los de algunos partidos de izquierda. El diseño de los juicios por parte de grupos radicales concentrados en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Derechos Humanos obliga a que los represores militares circulen por tribunales de todo el país ante el aplauso de un grupo tan fervoroso como minúsculo y la indiferencia cada vez más notoria de la población.

Por otro lado, Gargarella es (creo que se dice así) un abolicionista, es decir alguien que no cree demasiado en el valor de las penas. Lo acompaño en esa idea y por eso me parece muy bien que señale que estos juicios contribuyen a confundir lo que es encontrar la verdad y hacer justicia por un lado con condenar a la mayor cantidad de reos a la mayor pena posible por el otro. Lo cierto es que la verdad está cada vez más lejos (ningún militar de los juzgados aportó información que permitiera esclarecer los asesinatos y las desapariciones) y ya ni siquiera importa establecerla. En cambio, desde el oficialismo —tanto los fiscales como los organismos humanitarios cooptados— se lucha por imponer penas radicales y condiciones de detención lo más severas posibles a los procesados y condenados. La cultura cívica argentina, además, está cada vez más inclinada en esa dirección: desde un accidente de tránsito culposo a los asesinatos en masa, la opinión pública y los medios se ubican en la posición de las víctimas que reclaman compensación y venganza sin reconocer atenuantes ni obstáculos legales para que se apliquen penas máximas penas en todos los casos.

Allí es donde Gargarella desliza una información de la que es muy raro oír hablar a quienes se consideran parte de la izquierda. No lo dice en estos términos, pero da a entender que en el transcurso de los juicios por el terrorismo de Estado se han amañado pruebas, se han entrenado testigos, se han mantenido procesos abiertos sin condena más allá de los plazos legales, se ha condenado sin evidencia suficiente y se han violado las garantías legales de los acusados.

Es muy grave que esto suceda. Es terrible. Porque el carácter extremadamente infame de algunos crímenes no debería ser una excusa para que sus responsables sean privados de sus derechos. Al contrario: el grado de civilización de un sistema jurídico se mide por el cuidado con el que trata a sus ciudadanos menos ejemplares. De lo contrario, la misma idea de justicia carece de sentido y pasa a ser un sinónimo de represalia. Y es el caso de la muerte de Videla un ejemplo perfecto para mostrar hasta qué punto es importante lo que dice Gargarella y cuán refractarios están los medios de comunicación a tratar este problema.

Ante la muerte del dictador el gobierno kirchnerista se apresuró a declarar, con el beneplácito de los funcionarios y militante progresistas, que era una gran cosa que Videla hubiese muerto en una celda común. Efectivamente, Videla murió allí a los 87 años. Tuvo una semana difícil: se cayó en la ducha, tenía tremendos dolores en la columna y los analgésicos le afectaban el estómago. Así y todo, se lo llevó a declarar en el enésimo proceso en su contra, donde les dijo a los jueces que sufría de «inestabilidad vertical». El jueves a la noche se sintió mal, no quiso comer y el viernes lo encontraron muerto en su celda. Fue necesaria una autopsia para saber la causa y esta no se ha dado a conocer hasta el momento.

Si bien se informa que a Videla lo vio una médica y le realizaron exámenes, no parece que la atención recibida haya sido la adecuada. El dictador tenía demasiados síntomas como para dejarlo solo en su celda y no llevarlo al hospital o preocuparse por su salud de un modo más cuidadoso. Videla estuvo hasta hace algunos meses preso en Campo de Mayo (una unidad militar) pero su traslado al penal de Marcos Paz (para presos comunes) fue celebrada como un triunfo por los militantes de derechos humanos bajo el argumento de que nadie debía tener privilegios. Yo preguntaría en este punto cuántos octogenarios hay en la cárcel fuera de los viejos represores. Estoy seguro de que son muy pocos: está claro que la cárcel (y más una cárcel común) no es un lugar para ancianos (aun para ancianos delincuentes, aun para ancianos genocidas) y por eso el Código Penal contempla la liberación por razones de edad y la prisión domiciliaria. Ninguno de esos beneficios le fue otorgado a Videla a pesar del evidente deterioro de su salud. Tampoco se intensificaron los cuidados ante el agravamiento de los síntomas y así se murió.

Es grave (nada lo ha desmentido hasta ahora) que Videla haya muerto de ese modo. Lo es que cualquier preso enfermo y de 87 años muera así. Si el Estado no le otorga la posibilidad de estar en su casa, rodeado de su familia, debe asumir la responsabilidad de cuidarlo de manera esmerada y no puede permitir que se lo encuentre sin vida en la celda cuando había razones para una intervención médica urgente y decidida. Si ningún preso merece morir sin la atención adecuada (insisto en que para eso está el instrumento la libertad por razones de edad después de los setenta), menos debe morir así un personaje como Videla, no porque merezca privilegios sino porque al ser un enemigo manifiesto del gobierno en curso, este debe estar particularmente atento a su salud y sumamente celoso en el respeto de sus garantías constitucionales: de la letra de la Constitución se infiere claramente que las cárceles no están para acelerar la muerte de nadie. Quienes hicieron que la vida de Videla terminara de ese modo (los que no le acordaron la prisión domiciliaria, los que lo trasladaron a un lugar de detención menos favorable) deberían hacerse responsables de esa nuerte en lugar de celebrarla. En particular los funcionarios del Poder Ejecutivo que al decretar que lo ocurrido es mérito de su administración no han hecho más que reconocer su culpabilidad.

Gargarella no hizo más que aludir a lo que es apenas la punta de un iceberg, pero es hora de que los derechos humanos de los represores dejen de ser ignorados so pretexto de que ellos ignoraron los de sus víctimas. Ese razonamiento es inadmisible en una sociedad moderna. Como es igualmente inadmisible que se encuentren subterfugios y chicanas tales como la posible reincidencia en el genocidio para ejecutar lo que cada vez se parece más a una venganza y a un acto de oportunismo político.

Videla, un personaje terrible, un asesino fanático y dedicado, murió sin arrepentirse de nada. Pero sus perseguidores tampoco lo harán. Al contrario, creen como el dictador que han ganado una guerra o van camino de hacerlo. Esa es la verdadera respuesta a la pregunta de Gargarella por el futuro de los derechos humanos en la Argentina.