Los aliados ilegítimos

Publicada en la Revista Ñ el sábado 28 de mayo de 2011

por Juan Villegas

Las implicancias legales, éticas y económicas de la circulación del cine en internet son tantas y tan complejas que excederían largamente este espacio. Delimitemos entonces. Lo que me interesa acá es plantear el conflicto que se genera entre los derechos de los consumidores de cine en internet y los de los titulares de los derechos de las obras que allí se emiten.

Las descargas por internet y el streaming (que hace posible ver una película sin la necesidad de ser descargada previamente) están reemplazando paulatinamente al tradicional alquiler de DVD. Curiosamente, en nuestro país, las plataformas que han tomado el liderazgo en estas modalidades de consumo lo hacen sin cumplir las normas que regulan los derechos de propiedad intelectual. Un sitio como Cuevana puede confundir a un usuario desinformado. La eficacia del sitio y el aspecto profesional de su diseño harían suponer a cualquier desprevenido que sus dueños han adquirido los derechos de todo el material que ofrecen. Pero esto no es así. El sitio, creado por tres sanjuaninos veinteañeros, ha crecido vertiginosamente desde su creación a fines de 2009. En la actualidad, tienen alrededor de medio millón de visitas diarias y los usuarios registrados aumentan un cuarenta por ciento cada mes. Los números son apabullantes. El sitio es un éxito por la extrema sencillez con la que se accede a los contenidos y, obviamente, porque el usuario no debe pagar un peso. ¿Pero es realmente gratis? ¿Hay algo gratis? Todos sabemos que alguien siempre paga. ¿No están pagando de alguna manera los titulares de los derechos de cada película o serie que se ofrece gratuitamente? Los propietarios de Cuevana argumentan que el sitio no aloja en sus servidores los contenidos, ya que solo linkea a videos alojados en otros servidores. Según ellos, Cuevana solo sería un organizador de contenidos ya subidos a la web por otros. Ya volveremos a este tema más adelante.

El sitio PelisArgentinas, por su parte, ofrece la descarga gratuita de una gran variedad de películas argentinas. Allí se puede leer lo siguiente: “Si sos un Productor Independiente y/o Realizador Audiovisual y estás interesado en difundir y dar a conocer tu material, nosotros te brindamos un lugar exclusivo para que lo puedas hacer.” Es difícil adivinar si lo que origina el tono de esta convocatoria es el cinismo, la ingenuidad o, incluso, la generosidad desinteresada. Las películas que este sitio ofrece tampoco cuentan con la autorización de los titulares de sus derechos de exhibición. Pero esto no solo no parece importarles sino que invitan a los propios creadores a que sean víctimas de una especie de estafa. Algo extraño está pasando y es necesario reflexionar con una mirada distinta a la que estábamos habituados. Creo entender que el problema de estos sitios no es la evidente comisión de un delito sino, por el contrario, su convicción no solo de su inocencia sino de estar generando un espacio a favor de la libertad de expresión. Tal vez sea un error seguir planteando la exhibición ilegal de cine en términos de piratería, a partir de parámetros policiales. Ni los propietarios de las plataformas de internet que promueven descargas ilegales ni los consumidores que visitan esos sitios sienten que estén robando nada. Y creo que esa ya es una batalla cultural perdida. Por eso todas las campañas en contra de la piratería, que quieren homologar el consumo ilegal de películas a un robo común, nos resultan tan poco convincentes. Es muy ingenuo pretender que aquel que baja una película sea consciente que está perjudicando económicamente a su director. Por otra parte, habría que preguntarse si en el caso del cine independiente esto es realmente así. Rodrigo Moreno, el director de la flamante El mundo misterioso, ha denunciado que el beneficio que obtiene un productor independiente por la distribución de su película en DVD es prácticamente nulo y que en ocasiones termina incluso poniendo plata. A partir de esto, apoya cualquier tipo de consumo ilegal, como una forma de acceso democrático frente al monopolio de la distribución. El planteo de Moreno es muy razonable, pero tiene una falla argumentativa. Es cierto que lo que deja de ganar un productor independiente por la “piratería” no es considerable, sobre todo por la compensación del potencial de difusión que permite la ilegalidad. De hecho, este es un argumento habitual de los defensores de la libre circulación de obras en la web: “No vas a cobrar porque la vean en internet, pero van a conocer más tu obra en el futuro”. Lo que se olvida es que estamos hablando de derechos. Ningún sitio de internet ni ningún usuario de la red pueden atribuirse el derecho de difundir una obra sin autorización de aquel que la creó, aún cuando sostenga que le está haciendo un favor, aún cuando no hubiera fines de lucro en esa difusión. Unas semanas atrás se confirmó el procesamiento judicial de los responsables del portal Taringa, acusados de haber violado la ley que protege los derechos de autor. Los imputados sostienen que ellos son simples intermediarios, que les es imposible saber si alguno de los veinte mil posts que reciben diariamente viola algún derecho. Esto es evidentemente cierto, pero el fallo es contundente al respecto. «Los imputados a través de su sitio permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares. Si bien ello ocurría a través de la remisión a otro espacio de Internet, lo cierto es que justamente tal posibilidad la brindaba su servicio». Me parece que Taringa sobreactúa su inocencia y su neutralidad. Así como sostengo que es inútil criminalizar un consumo que ya está naturalizado, también es insostenible defender sitios que ofrecen contenidos gratuitos y son visitados por miles o millones de usuarios, como si fueran generosos espacios a favor de la libertad de expresión. El sueño cinéfilo de una filmoteca virtual total, libre y gratuita pareciera estar cerca de ser una realidad. Sin embargo, no podrá hacerse vulnerando compulsivamente derechos de terceros.

En ese sentido, iniciativas como las de Comunidad Zoom son bienvenidas, ya que ofrecen material de los cuales poseen la correspondiente cesión de derechos. Lo que todavía es una incógnita es de qué forma un sitio así puede competir con las plataformas ilegales. ¿Por qué pagar por lo mismo que en otro sitio se ofrece gratis? Para los creadores independientes se hacen indispensables los canales de exhibición en internet, a través de los cuales no solo puedan difundir sus obras sino también recibir una retribución económica justa. Este derecho puede entrar en colisión con el de los espectadores, que hoy tienen en los sitios ilegales aliados inmejorables para el acceso a contenidos en forma gratuita y simple. Esperemos que las decisiones judiciales y los marcos legislativos futuros no dejen a los actores más débiles del problema (el espectador cinéfilo y el realizador independiente) sin alternativas frente a sus necesidades y sus derechos.

Ilustración: Vera Rubinstein