Un desacuerdo solitario

Contra la anulación del 2×1

por Quintín

No estoy de acuerdo con la derogación del 2×1 por delitos de lesa humanidad. Me parece un error jurídico y moral. Peor aun, me parece un chantaje político inaceptable al que el gobierno no ha tenido más remedio que ceder porque en la Argentina la corrección política condiciona a quienes informan o toman decisiones. En este momento, hay una movilización contra el gobierno porque tres jueces fallaron contra el sentido común progresista y, aunque todos los funcionarios y legisladores de Cambiemos se manifestaron contra el fallo de la Corte, se acusa al presidente Macri de estar detrás del voto independiente de los jueces.

Lo que aprobó el Congreso se parece demasiado a un engendro jurídico. Por un lado, se modifica una ley derogada, algo equivalente a hacerle una transfusión de sangre a un cadáver. Por el otro, se vuelve a violar el principio de la ley más benigna, y así la nueva norma implica ignorar el artículo 2 del Código Penal, uno de los pilares del sistema jurídico garantista. Todo es muy raro: si la ley estuvo vigente sin la excepción sancionada ahora, corregirla a posteriori no impide que lo haya estado sin ella.

Iré más lejos, supongo que para horror de muchos. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final, así como la anulación de la amnistía y los indultos, implicó no solo la ruptura con la benignidad, sino también con la no retroactividad, la igualdad ante la ley, la prescripción de los delitos y hasta con la cosa juzgada (caso Riveros, a pesar del dictamen en contra Fayt y Argibay, jueces que no nombró Macri). Ayer, ante la serie de rebuznos jurídicos y políticos del caso, con la sobreactuada indignación de algunos y la calculada mendacidad de otros, Elisa Carrió explicó con claridad en la Cámara por qué podían hacerse excepciones a esos principios. No estoy de acuerdo con su conclusión, pero vale la pena escucharla para entender algunas cosas, si uno no es jurista. Carrió invocó la teoría del positivismo metodológico para decir que los grandes principios del derecho (como los antes mencionados) pueden ceder frente a una creencia universal que es superior a ellos, en este caso los derechos humanos o la lesa humanidad, que permiten quebrar los fundamentos del sistema penal. Y por eso se puede condenar a los genocidas o, en este caso, anular el ya derogado 2×1 para algunos delitos. aunque aquí ya no hay solo un problema con los principios sino con la lógica.

Está claro que hay ahí un argumento de filosofía jurídica con la que se puede o no acordar. Yo no lo hago. Creo que hacer excepciones con los grandes principios que acuerdan garantías a quienes son juzgados lleva a extender esas excepciones tan lejos como la voluntad política del que manda en un momento histórico lo decida. Por eso, aunque creo que las leyes apresuradas e innecesarias de Obediencia Debida y Punto Final fueron un error político grave, derogarlas fue un error más grave aun, porque al violar los principios garantistas se abrió la puerta a su abuso discrecional. Recordemos el caso Noble, por ejemplo. O las amenazas contra Magnetto y Mitre mediante testigos amañados. Recordemos también que se extendió hacia atrás en el tiempo (al episodio de Trelew, por ejemplo, un asesinato político masivo, es cierto, pero que no fue parte de un plan de exterminio previo). O la extensión a civiles por complicidades cada vez más vagas (hoy mismo, en Twitter, muchos de los que nos oponemos al kirchnerismo somos señalados como torturadores de los setenta, una intimidación que amenaza con futuras represalias).  También pensemos que, por razones de voluntad política, la lesa humanidad no se aplica a los actos terroristas cometidos por el Estado durante los gobiernos de Juan e Isabel Perón. Tal vez eso ocurra mañana, tal vez no, pero la arbitrariedad es evidente. Y quién sabe a quién puede el Estado perseguir en forma retroactiva el día de mañana. Dejar una puerta abierta en el tiempo es plantar una bomba jurídica.

Una consecuencia de esta expansión indeterminada es la que vemos ahora. No solo los viejos represores amnistiados e indultados volvieron a ser juzgados y sentenciados mediante una maquinaria jurídica ad hoc creada por los cuadros judiciales del kirchnerismo (y que, algún día, debería ser expuesta en su funcionamiento casi clandestino y orientado a producir condenas a cualquier precio). También se les negaron sistemáticamente los derechos que la ley otorga a los procesados y condenados. Como eran represores privados de sus garantías, los jueces fueron decidiendo, por presión política pero también por inercia, que no les correspondían, entre otros beneficios, la prisión domiciliaria ni la excarcelación por falta de sentencia y hasta se les negó atención médica y condiciones de detención humanitarias. Durante años, la gran reivindicación de la izquierda argentina fue que los militares fueran a cárceles comunes. Por supuesto, lo lograron, con el índice de mortandad resultante entre los detenidos. No es simpático decirlo, pero basta ver el video de Jorge Rafael Videla declarando por última vez en un tribunal. Una semana después murió en su celda sin haber recibido los cuidados médicos adecuados a alguien de 88 años que tenía rota la pelvis además de sufrir de cáncer, entre otras enfermedades. Las cárceles argentinas no son lugares de detención adecuados para ancianos enfermos, sean represores o criminales comunes, pero en este caso el descuido se confundió con el ensañamiento. Cuando Videla afronta al tribunal que lo condenará a su enésima condena a cadena perpetua (otra modalidad torcida de la máquina judicial a la que aludimos), el viejo asesino, ese personaje oscuro, torvo y fanático, inspira piedad porque se encuentra en un estado de obnubilación mental y sufrimiento físico extremo, y los jueces lo tratan con sorna. Ya no es un hombre, es un fantasma despojado de su humanidad por el Estado. Algunos dirán que peor fue el sufrimiento que infringió el reo, que al menos él tuvo derecho a juicio, que no lo torturaron, etc. Es cierto, pero la maquinaria jurídica se comió al caníbal: el video demuestra que los represores pasaron a ser despojos humanos a los que se podía tratar con desidia y crueldad. (No logro encontrar la versión sin editar de ese video. En Youtube hay una subida por sus admiradores, con leyendas explicativas, y otra por el CIJ, ambas incompletas; espero que alguien lo suba entero, ya que es muy instructivo verlo).

Hay otra razón por la cual estoy en contra de volver a juzgar a los represores. Para mí, volver a detener a quien fue perdonado legalmente es una de las formas más extremas de tortura psicológica. La situación se parece a la del protagonista de El proceso de Kafka, condenado por una ley que desconoce y que puede cambiar de acuerdo a la voluntad del Estado. Nadie puede recuperarse de un golpe de esa naturaleza, de pasar de saberse con derecho a la libertad a ser atrapado y juzgado nuevamente por hechos ocurridos décadas atrás. Imaginemos a un ladrón, asesino, a cualquier otro criminal en esa situación (no hablemos de un inocente) a quien, en nombre de uno de esos «principios superiores» que tanto se parecen a la razón de Estado se priva de los beneficios que la ley le había otorgado en pleno funcionamiento de la democracia. No creo que nadie merezca eso. No creo que la pena retroactiva y discriminatoria sea nunca una pena justa.

Pero eso es, por supuesto, opinable. Hoy, el consenso de nuestros políticos y nuestros formadores de opinión es que los fundamentos del derecho se deben seguir quebrando si se trata de delitos de lesa humanidad. No parece haber límite para ese quiebre: se pueden modificar leyes ya derogadas y hacer todo lo que sea necesario para que las penas a los represores no se alivien de ningún modo. Supongo que, en cualquier momento, se sancionará una ley que prohíbe otorgarle la prisión domiciliaria a los represores cuando cumplen cierta edad. Como si el principio de la lesa humanidad implicara que no rige el principio humano que implica un tratamiento especial a los ancianos. Por otra parte, demasiada gente cree escandaloso que sus enemigos tengan derechos, demasiada gente cree de mal tono manifestarse a favor de la libertad de alguien a menos que milite en el propio bando. Somos una sociedad de encarceladores. Las declaraciones de estos días han sido de un nivel de exageración inaudito. Peor aun, lo ocurrido implica una presión descomunal sobre los jueces. ¿Qué ocurriría si, ante el próximo pedido de 2×1 para un condenado, un juez dijera que la modificación sancionada nada cambia, que el principio de benignidad se debe seguir aplicando porque esa ley estuvo vigente en algún momento sin excluir a los represores. ¿Sería destituido el juez, linchado? ¿Caería el gobierno, al que el kirchnerismo y sus socios en la oposición atribuyen los fallos de los jueces?

Hay una última cuestión aquí, y Carrió hizo mención a ella en su exposición. La idea de lesa humanidad es abstracta aunque, en la práctica, implica la no prescripción de algunos delitos. Como todo concepto jurídico, está sujeto a modificación con el tiempo. Es posible, al menos es imaginable —y hay señales en ese sentido y muchos que lo reclaman— que un día alcanzará a los actos de terrorismo, no ya por parte del Estado sino de particulares. ¿Qué pasará entonces con los guerrilleros amnistiados y hoy seguros a partir de la asimetría de la ley, que hoy establece que no se los volverá a juzgar? Aunque tienen a favor dos perdones contra uno de los militares, su situación no es demasiado diferente de la de los represores en tiempos de libertad. En mi opinión, quienes fueron perdonados deben seguir estando perdonados. Pero pende sobre ellos la misma amenaza kafkiana y son muchos los que reclaman que se les aplique y que su protección legal caiga. Al mismo tiempo, y aunque se haga todo lo posible para evitarla, ya es difícil de frenar la reivindicación de las víctimas del terrorismo setentista, que reclaman el reconocimiento y las compensaciones de las que gozaron las víctimas de las dictaduras y sus familiares. ¿El resultado de esta presión en el otro sentido será que seguiremos encarcelando gente, reclamando que sus derechos se eliminen en cada ocasión posible en nombre de un paradigma cuyo sujeto habrá variado? Yo preferiría más bien la paz de una vez por todas. Pero está cada vez más lejos.