La histeria y el conflicto docente

por Pablo Anadón

El grado de “histerismo” ―uso la palabra en su sentido corriente, claro, no precisamente en términos clínicos― que ha desplegado el conflicto docente, tanto por parte de los gremios como del gobierno nacional, creo que ha alcanzado picos pocas veces vistos en estas discusiones laborales, y hace oscilar a los espectadores externos entre la solidaridad, la exasperación, el hartazgo y la risa (escuché hace un rato a un quiosquero tomarles el pelo a unos colegas gremialistas) y a los que estamos dentro del conflicto, oscilar entre la convicción, el escepticismo y la incertidumbre sobre lo que sea justo hacer o no hacer. Veamos un poco algunas manifestaciones de tal histeria.

Por parte del gobierno, que el año pasado resolvió rápidamente la cuestión a través de una paritaria nacional y un aumento del mínimo común móvil del sueldo docente que casi duplicaba el último monto cobrado durante el gobierno anterior, este año hubo un error grave, a mi juicio, que aún está pagando: no abrir paritarias nacionales, y confiar en cambio las paritarias a los gobiernos provinciales, que con una paritaria nacional habrían quedado obligados a adecuarse a lo acordado a nivel general (de este modo, por el contrario, ha habido provincias, como la provincia de San Luis, gobernada por Alberto Rodríguez Saá, que han ofrecido a los docentes hasta un 40% de aumento, y otras, como la provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner ―sí, la hermana de Néstor y la cuñada de Cristina―, que han ofrecido a los docentes un 3% de incremento salarial). Este error ha puesto al gobierno nacional en un callejón sin aparente salida (salvo, claro, la sugerida por Wittgenstein: por lo alto): no puede avanzar ni hacer marcha atrás, ante el reclamo de los gremios insatisfechos con el acuerdo provincial, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, dado que los fondos a las provincias ya han sido transferidos, a menos que cada provincia le devuelva los respectivos montos, cosa improbable, si no técnicamente imposible.

A este error el gobierno ha sumado actitudes políticamente desencaminadas, como la teoría (insostenible) de los alumnos “rehenes” (también los usuarios del transporte, o los clientes bancarios, somos “rehenes” de una huelga de colectiveros o empleados de Banco, lo cual no afecta el derecho de huelga); los “premios” a los docentes que no hicieran huelga; el descuento por los días de paro a quienes lo hicieron y el beneplácito a la propuesta de los “voluntariados”, así como, en la noche de ayer, impedir que se instalara la “escuela itinerante” frente al Congreso, impedimento que, por legalísimo que sea, no es una medida aconsejable, y que los gremios, la prensa opositora (y no), los políticos kirchneristas y los incautos que repiten lo que otros dicen sin examen han definido “represión”, y que quienes hemos visto en toda su extensión las diversas filmaciones de lo ocurrido sólo podríamos caracterizar como poco más que “desalojo”, “forcejeos” y “detenciones de cuatro militantes” (aquéllos a los que alguna vez les ha tocado una verdadera represión policial, jamás adoptarían el término “represión” para estos hechos, a menos que se les quiera dar una envergadura que no tuvo, como es el caso).

Por su parte, los gremios docentes, en particular, claro, los de orientación kirchnerista en su dirigencia, como el de SUTEBA, han contribuido al conflicto con no menor dosis de histeria, aunque sería difícil distinguir cuánto hay de calculada actuación y gestión (no olvidemos que el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, se juega el puesto en las inminentes elecciones gremiales, y que, como hemos señalado, es un fervoroso militante de la “Resistencia y Aguante” kirchnerista) y cuánto de emocional en la misma: primero, se entró a “negociar” con los “tapones de punta”, como se dice con metáfora futbolística, convocando al paro antes aún de que las partes se hubieran sentado a discutir sin prisa ni pausa los términos de un acuerdo; luego, planteando de manera intransigente la necesidad de la paritaria nacional, requerimiento que era de entrada imposible de cumplir, por lo ya dicho; tercero, sosteniendo de manera casi indefinida la medida, antes, durante y después de cualquier negociación, lo cual, por una parte, ocasionó perjuicios a los docentes que adherían, y por la otra, llevó a debilitar la medida concreta ―aunque, y es tal vez lo que buscaban, le dio una entidad mayúscula en el debate público, para bien y para mal―, hasta el punto de que tuvieron que suspenderla cuando el grado de acatamiento disminuyó ostensiblemente, no sólo en el interior, sino también en la capital y en la provincia de Buenos Aires; cuarto, le dieron al reclamo salarial un carácter de beligerancia política contra el gobierno nacional (nunca antes visto, por cierto, ante los gobiernos del matrimonio Kirchner), que llevó a no pocos docentes que estaban de acuerdo con el reclamo, pero no con tal beligerancia, a desistir del paro; quinto, cuando vieron que el conflicto fue caracterizado por la prensa como una derrota gremial frente a la “amable” intransigencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, concibieron esa feliz e infeliz idea de instalar la “escuela itinerante” frente al Congreso: feliz, porque lograron que la policía inopinadamente los desalojara, y porque lograron que esto concitara la atención y cierta indignación pública; infeliz, porque no parece que el hecho ayude a resolver el conflicto, y porque acentúa en cambio su connotación política (no fue una decisión aprobada por las bases y, ¿casualmente?, contó con la presencia en el lugar de referentes políticos kirchneristas), ya que es evidente que una instalación de las dimensiones que preveía esta “escuela itinerante” difícilmente sería admitida en un espacio público, y menos a las puertas del Congreso Nacional.

Las repercusiones, previsibles, de la acción de la policía ―por ello puede verse como un error su intervención, aunque esté amparada por la ley, ya que la instalación quiso hacerse antes de haber obtenido el permiso correspondiente― se han extendido en los gremios de todo el país con la convocatoria a una huelga nacional de docentes. Querría recordar aquí, a título informativo y para refrescar la memoria, que no han faltado iguales ―o peores― acciones policiales contra los docentes durante los doce años de gobierno kirchnerista, sin que el gremio nacional, CTERA, haya reaccionado de la misma manera, incluso sin que haya reaccionado de manera alguna. El 23 de junio del 2011, por ejemplo, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner envió a la Policía Federal para dispersar a los manifestantes de ADOSAC (el gremio docente de Santa Cruz), que estaban concentrados en el exterior del Ministerio de Trabajo, y Daniel Filmus (Ministro de Educación y candidato en inminentes elecciones a Jefe de Gobierno), justificó la dispersión ―que no fue justamente con palmadas en los hombros― porque era un acto que “impedía la normal circulación de los vehículos”. Relata un integrante de aquella manifestación, Miguel Muñoz, docente de la Provincia de Santa Cruz: “Cuando nuestros compañeros fueron a la sede de CTERA luego de los «palos», éstos que ahora se yerguen desafiantes en la Sierra Maestra, les cerraron las puertas. Sólo fueron recibidos en las oficinas de Ademys (una agrupación capitalina minoritaria).”

Roberto Baradel ha declarado en su cuenta de Twitter: “Un país donde la policía y el gobierno le [sic] pega a los maestros, es un país sin futuro”. Dejemos de lado la redacción: lo que dice es cierto. Es igualmente cierto que un activismo que confunde reclamo gremial con procedimientos como los antes reseñados, que parecen menos destinados a lograr el éxito de la negociación que a agudizar el conflicto, enrarecer el clima social y así favorecer la esperanza de que vuelva el partido de preferencia de la conducción (tal como se ha escuchado que se coreaba en recientes asambleas de SUTEBA), no sólo no cumple con el cometido para el que ha sido designada tal conducción, sino que contribuye también a hacer incierto el futuro del país, como ya contribuyó en los años pasados al eludir toda protesta, entre otros motivos, frente a una política educativa que ha hipotecado el porvenir de millones de jóvenes semianalfabetos egresados de las escuelas públicas.

P.S.: En el día de hoy, martes 11 de abril, a dos días del desalojo de la policía, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concedió el permiso para instalar la Carpa Itinerante Docente frente a la Plaza del Congreso. Además de celebrar la medida, que pone paños fríos a la fiebre del domingo por la noche, cabe observar que el conflicto va adquiriendo características casi “pimpinelescas”.